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viernes, 17 de febrero de 2012

EL DESPIDO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN LA REFORMA LABORAL DE FEBRERO DE 2012


EL DESPIDO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN LA REFORMA LABORAL DE FEBRERO DE 2012
En muchas ocasiones tendemos a creer que las reformas laborales no afectan los empleados públicos. Pero los medios de comunicación ya se han encargado de dejar claro que el Real Decreto-ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral sí que lo hace. No obstante como hemos apreciado cierta confusión sobre el contenido del despido en el sector público vamos a tratar de aclarar algunos aspectos.
El RDL 3/2012 exactamente lo que hace, en su disposición adicional segunda, es modificar el Estatuto de los Trabajadores añadiéndole una disposición adicional vigésima con el siguiente texto:
«El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.»
Por tanto, la reforma está extendiendo las normas del despido por causas económicas, técnicas y organizativas a todo el personal laboral del sector público y establece criterios que aclaran cómo se aplican a él estas causas de despido objetivo que sólo dan derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio con un máximo de doce mensualidades. Este despido no es, por supuesto, aplicable a los funcionarios, cuyo despido requeriría la modificación de la legislación básica de función pública.
Como la legislación española mantiene ciertas contradicciones según las leyes respecto al contenido del sector público, aclara que se aplicará el contenido subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público (art. 3.1) que es el más amplio posible. Así, el despido objetivo por causas económicas, técnicas u organizativas pasa a ser de aplicación al personal laboral de:
  • ·        La Administración General del Estado.
  • ·        Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
  • ·        La entidades que integran la Administración Local.
  • ·        Los organismos autónomos dependientes de las administraciones.
  • ·        Las entidades públicas empresariales.
  • ·        Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
  • ·        Las Universidades Públicas.
  • ·        Las Agencias Estatales.
  • ·        Cualquier otra entidad de derecho público vinculada a una administración.
  • ·        Los consorcios.
  • ·        Las Mutuas de Accidentes de Trabajo.
  • ·     Cualquier otra entidad de derecho privado (sociedad, fundación, etc.) con una participación pública en su capital superior al 50 %.
Dado que el sector público pretende (o pretendía hasta ahora) satisfacer necesidades sociales y no obtener rendimientos económicos, no sirven sin embargo para él las mismas razones para la aplicación de los despidos por causa económica. Por eso la nueva norma aclara que basta para entender que hay causa económica “una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.”
Esto admite varias interpretaciones y habremos de ver cómo lo interpretan los jueces. Pueden entender que basta con que la administración o entidad esté en una situación de déficit, de dificultades para el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria, o pueden exigir que prueben la absoluta imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones más básicas durante al menos el plazo fijado de nueve meses consecutivos. Pero a nuestro juicio no apunta nada bien.
En todo caso, se incorporan las causas técnicas y organizativas que, al igual que en el sector privado, son un coladero para justificar el despido. La decisión política de externalizar o privatizar un servicio pudiera ser alegado como causa organizativa para justificar el despido de su personal. Además, el despido colectivo previsto en la reforma no requiere ya de autorización administrativa previa, con lo cual en todo caso se van a producir iniciándose una reclamación judicial que tardará en resolverse.
Por último, la Disposición adicional tercera del RDL 3/2012 añade una
disposición adicional al Estatuto de los Trabajadores que dice así:
“Lo previsto en el artículo 47 de esta Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado”.
El artículo 47 del ET hace referencia a la suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción derivadas de fuerza mayor, conforme a lo establecido en el artículo 51 (despidos colectivos). Esto quiere decir que las Administraciones Públicas NO pueden realizarse EREs de suspensión, habría que realizar necesariamente EREs de extinción, con todas las consideraciones realizadas anteriormente.